4-9-2012.- En estos días, el gobierno de Sebastián Piñera propone al Parlamento una iniciativa de reforma tributaria, que probablemente desatará una fuerte polémica. En lo sustancial apunta a elevar el impuesto a las empresas desde el 17% al 20% (1), lo que significará eventualmente mayores recursos para el fisco por US$1.500 millones.
El ala más conservadora de la derecha no quiere cambio alguno en el sistema impositivo, consecuente con el ADN que la caracteriza. La dirigencia estudiantil cuestionará el proyecto porque la cifra se encuentra lejana de los recursos necesarios para financiar una transformación sustancial de la educación, de carácter pública y gratuita. Por su parte, la Concertación, que tuvo escaso interés en modificar el sistema impositivo durante sus 20 años de gobierno, ahora ha radicalizado sus posturas y se opondrá a la propuesta gubernamental.
El sistema impositivo chileno tiene una triple característica que lo convierte en un paraíso para el mundo empresarial. En primer lugar, la carga tributaria alcanza a 20% del PIB, mientras en los países de la OCDE es del 35% en promedio; adicionalmente, hay que decir que en momentos que los países de la OCDE tenían el actual nivel de ingreso de Chile, su carga impositiva era de 33,5%.
En segundo lugar, la tasa impositiva pagada por las empresas es de 17% mientras en Alemania y los EE.UU. es de 40% y en Finlandia 28%. En tercer lugar, la mayor parte de la recaudación impositiva, entre 45% y 50% (dependiendo de los precios del cobre) corresponde al pago del impuesto al valor agregado (IVA), lo que significa que proporcionalmente los sectores de bajos ingresos entregan más recursos al Fisco.
A esas tres características se agregan otras dos complementarias, que difícilmente se encuentran presentes en otros países. En Chile las empresas productoras de recursos naturales no pagan royalties (2), favoreciendo sus utilidades. Por otra parte, el sistema impositivo contempla variados beneficios, como exenciones, franquicias y diferimientos que han facilitado una elevada elusión tributaria.
El elevado crecimiento de la economía y el buen ingreso per cápita, que a la fecha es de US$16.000, muestra un país con una pésima distribución del ingreso y con un Estado muy débil, incapaz de entregar a sus habitantes una salud y educación decentes y un sistema de previsión que permita a los jubilados vivir con dignidad. Al mismo tiempo, las regiones lejanas, en el norte y sur del país, aumentan sus protestas porque no se benefician con los frutos del crecimiento y no reciben compensaciones por el encarecimiento de la vida en esas zonas extremas. Finalmente, consumidores, trabajadores, pequeños empresarios y dueñas de casa reclaman cotidianamente porque el Estado no tiene el vigor ni el personal suficiente para regular y sancionar apropiadamente las arbitrariedades que sufren de parte de las multitiendas, supermercados, banca y servicios de utilidad pública.
En definitiva, Chile no capta suficientes recursos impositivos lo que le impide contar con un Estado que responda a las necesidades sociales y regulatorias que exige su actual nivel de ingreso per-cápita. Adicionalmente el sistema impositivo es inequitativo, no protege los recursos naturales y favorece la concentración económica en los sectores más ricos de la población.
En consecuencia, una verdadera reforma tributaria, que no constituya un simple maquillaje para domesticar las protestas estudiantiles y ciudadanas debería apuntar a distintos ámbitos, en particular aumentar recursos, evitar elusión y mejorar la equidad.
En primer lugar, parece fundamental reducir el IVA, que actualmente alcanza el 19% y aumentar el impuesto a los más ricos o directamente a las empresas. El ingeniero Michael Jorrat, ex jefe de Estudios del Sistema de Impuesto Internos, sostiene que se debería bajar el IVA al 6% porque la mayor parte de los chilenos dedican su ingreso al consumo, sugiriendo aumentar el impuesto al los más acomodados (3). Esto sería equitativo y representaría un desahogo al bolsillo del 90% de las familias chilenas.
En segundo lugar, habría que apuntar a la eliminación de los beneficios tributarios a las empresas, lo que favorece una elevada elusión y genera una manifiesta injusticia. En efecto, el crédito a la construcción de viviendas, la exención al arrendamiento de viviendas DFL2 (hasta 140 m2), la depreciación acelerada, el fondo de utilidades tributarias (FUT), exenciones impositivas a la salud y educación privadas, entre otras, representan una cifra cercana al 4% del PIB; vale decir, US$10.000 millones. Si sólo se eliminaran estos beneficios, sin aumentar incluso los impuestos, se tendrían recursos para dos y media reformas educacionales, públicas y gratuitas, como han solicitados los estudiantes.
Sobre los injustificados beneficios tributarios a las empresas, destaquemos el absurdo que significa no cobrar impuestos a las compañías de seguro (Isapres) y clínicas privadas, en que tanto los pagos de cotizantes como los costos en que incurren los enfermos son superiores a los de Suiza. Destaquemos también la arbitrariedad que implica que las escuelas y universidades particulares (empresas de negocios) no paguen impuestos, cuando las familias deben cancelar aranceles entre $200.000 (cerca de US$400) y $400.000 mensuales por cada hijo.
Agreguemos especialmente a ello el inmenso beneficio que significa el denominado FUT en la elusión impositiva. Este mecanismo permite que no paguen impuestos las utilidades que no se distribuyen y con ello los empresarios crean sociedades ficticias o compran empresas quebradas para eludir impuestos y en la práctica no reinvierten las utilidades no distribuidas. El mismo especialista Jorrat calcula en aproximadamente US$200 mil millones las utilidades acumuladas sobre las cuales no se han pagado impuestos. El mismo cálculo lo han hecho también los profesores López y Figueroa, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, los que añaden que el no pago de impuestos por el FUT implica entre U$20 y US$30 mil millones de impuestos que nunca se han entregado al Fisco (4). Ambos agregan que este se ha convertido en un escándalo, que preocupa a la propia OCDE.
En tercer lugar, está la injusticia que significa para la sociedad chilena que las rentas del cobre y de otros minerales, así como de la pesca, sean apropiadas gratuitamente por las empresas que explotan tales recursos. En la mayor parte de los países el derecho a acceder a esa riqueza no se incorpora a las utilidades de las empresas sino se convierte en impuestos mediante un royalty. Y la razón es simple: se trata de propiedad de todos los chilenos.
Finalmente, habrá que considerar que el 17% que pagan las empresas es extremadamente bajo en comparación a otros países y a las grandes utilidades que vienen recibiendo los grupos corporativos. Por ello no es casualidad la elevada concentración de la riqueza que existe en Chile, con familias, como Matte, Angelini, Luksik y Paulman que aparecen en la revista Forbes como las más ricas del mundo, mientras el coeficiente de Gini en Chile revela una deteriorada distribución del ingreso, sin modificaciones desde hace décadas.
En suma, una efectiva reforma tributaria debiera servir para aumentar la captación impositiva de manera que el Estado pueda atender necesidades insoslayables que hoy día no atiende. En segundo lugar, le correspondería disminuir la carga existente sobre las personas más modestas, vale decir el 90% de la población. Y, finalmente, debiera ayudar a mejorar la distribución del ingreso en el país. Nada de eso está presente en la propuesta de Piñera. Y, una reforma impositiva es demasiado importante para ser utilizada como instrumento de respiro político frente al creciente descontento social.
Por Roberto Pizarro. Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).
(1) En realidad, el cambio de tasa consolida el aumento que ya se había realizado para acopiar recursos por la reconstrucción por el terremoto del 27-02-10, la que de transitoria se convertirá en permanente.
(2) En el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó un impuesto específico, el que se amplió con el gobierno de Piñera.
(3) Ciper, entrevista a Michael Jorrat.
(4) Ciper, entrevistas a Ramón López y Eugenio Figueroa.